Ma. Jesús Lavín es la actual Coordinadora Nacional del Área de Cultura Escolar en la División de Educación, Ministerio de Educación. Cuenta con una amplia experiencia en acompañamiento docente, innovación educativa y desarrollo de recursos pedagógicos. Y participará en el Seminario de Convivencia Escolar, Bienestar y Buen Trato, de Fundación Santillana, a realizar el 30 de julio en Santiago de Chile.

El 1º de julio del 2026 entró en vigencia la Ley 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar que mandata a todos los establecimientos educacionales a erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia dentro de las comunidades educativas.

Lo anterior es un desafío para todos, más todavía considerando que los datos de violencia y clima escolar han ido empeorando, particularmente en enseñanza media. En la siguiente entrevista, Ma. Jesús Lavín, actual Coordinadora Nacional del Área de Cultura Escolar en la División de Educación del Ministerio de Educación, profundiza sobre los objetivos de la nueva ley y sus implicancias para las comunidades escolares.

¿Cuál es el principal cambio que esta normativa busca impulsar en las comunidades educativas?

El principal cambio es pasar de un enfoque reactivo a uno formativo. La convivencia educativa no es sólo gestionar un conflicto o apagar un incendio, sino que es la forma en que nos relacionamos e interactuamos día a día, y que construirla es responsabilidad de toda la comunidad educativa.

Eso implica un cambio profundo: dejar de esperar que algo malo ocurra para actuar, y empezar a preguntarse qué tipo de comunidad queremos ser. La ley nos da el marco, pero la transformación real ocurre cuando ese mandato normativo se convierte en cultura, en algo que se vive en el aula, en el recreo, en la sala de profesores, en cada vínculo que se construye dentro de la escuela.

¿Cuáles serán las principales directrices que entregará el Ministerio de Educación para apoyar la implementación de esta ley en los establecimientos educacionales?

El Ministerio de Educación ya está trabajando en distintos frentes para apoyar a los establecimientos. La Superintendencia ha realizado jornadas presenciales a lo largo de Chile, los establecimientos pueden inscribirse en su página web para recibir capacitación sobre los puntos más importantes de la ley, y está a disposición un documento de preguntas frecuentes en constante actualización.

Desde el Nivel Central del Ministerio, en tanto, entre agosto y octubre se realizarán jornadas en todos los establecimientos del país, para toda la comunidad educativa: docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes. El objetivo es llevar a terreno las implicancias concretas de la ley para cada uno de esos públicos, trabajando a partir de casos y situaciones reales.

Y nuestra principal directriz es que esta ley no la miramos de forma aislada. La Ley 21.809 forma parte de un mismo ciclo de transformación junto a la Ley que regula el uso de celulares y la que incorpora 60 minutos de actividad física. Las tres tocan instrumentos de gestión concretos que los establecimientos deben actualizar, pero eso es solo el punto de partida. El objetivo final es promover un cambio cultural: escuelas donde el bienestar, el buen trato y el desarrollo integral no sean una exigencia normativa, sino una forma de ser comunidad.

¿Existirán orientaciones, recursos pedagógicos, capacitaciones o herramientas concretas para apoyar a los establecimientos en la aplicación de la ley? ¿Cómo podrán acceder a ellas?

Sí, todas las anteriores. Durante julio comenzaremos a subir a la página de la División de Educación General (escolar.mineduc.cl) y a la de Cultura Educativa, las orientaciones generales de la ley y algunas más específicas, como por ejemplo sobre el Plan de Gestión de la Convivencia que, si bien ya existía hoy requiere contenidos mínimos definidos.

También podrán acceder al material para realizar jornadas en los establecimientos según estamento. En paralelo, las capacitaciones llevan en curso desde marzo y seguirán profundizándose a lo largo del semestre. La idea es que los recursos vayan llegando de forma progresiva y oportuna, acompañando a los equipos en cada etapa de la implementación.

¿Cómo dialoga esta nueva ley con las políticas y programas de convivencia escolar que ya existen en el sistema educativo?

La ley no llega al vacío ya que la Política Nacional de Convivencia Educativa actual apunta en la misma dirección. La ley, además, se instala sobre instrumentos que ya existen, como el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el Reglamento Interno de los establecimientos. Principalmente hace dos cosas clave: primero, eleva a rango legal lo que antes era una política ministerial, lo que significa que el incumplimiento ya tiene consecuencias ante la Superintendencia. Eso le da otro peso a la norma. Por lo mismo, eso nos convoca a acompañar a los colegios en la implementación, no solo a fiscalizar.

Y segundo, actualiza el enfoque hacia la prevención y el buen trato, lo que obliga a mirar cómo están constituidos hoy los equipos de convivencia y el rol actual del encargado de convivencia, y a revisar si esos instrumentos que ya existen están alineados con esa lógica o si siguen operando desde una mirada más sancionatoria.

¿Qué rol tienen los sostenedores, los equipos de convivencia y los equipos directivos en la implementación de esta normativa?

La ley distribuye responsabilidades de forma clara. Los sostenedores tienen un rol que parte por escuchar: conocer la realidad de cada uno de sus establecimientos, dialogar con sus directores, para desde ahí tomar decisiones bien fundadas sobre cómo distribuir los recursos. Eso incluye garantizar que exista un Coordinador de Convivencia dedicado al desarrollo del plan de gestión (con las excepciones que la propia ley contempla según matrícula). Sin ese respaldo sostenedor, todo lo demás queda en buenas intenciones.

Los equipos directivos, por su parte, tienen un rol de liderazgo cultural: son quienes traducen la ley en prácticas concretas dentro del establecimiento y las anclan en el PME. Y el nuevo Coordinador de Convivencia tiene la responsabilidad de liderar procesos formativos que involucren a toda la comunidad educativa, creando e implementando el plan de gestión de la cultura, dejando atrás los procesos reactivos y con enfoque sancionatorio.

Pero eso no es posible sin el respaldo real de su director y su sostenedor. Tiene que haber una visión común, porque si no la hay, esta ley corre el riesgo de quedarse en instrumentos de gestión y nunca convertirse en una cultura de bienestar real.

El Seminario de Convivencia Escolar, Bienestar y Buen Trato, organizado por la Fundación Santillana, se llevará a cabo el día jueves 30 de julio, y tendrá como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos educativos para comprender e implementar la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar, articulando la evidencia actualizada sobre violencia escolar y bienestar docente con los requerimientos normativos y las oportunidades concretas de mejora institucional.

Más información en el siguiente link. https://fundacion.santillana.cl/producto/convivencia-escolar-bienestar-y-buen-trato/